Filantropía perversa en Atacama

Alvaro Ramis

Una  reciente encuesta de opinión ha mostrado que un 82% de los chilenos está dispuesto a apoyar a la Teletón en 2008, a pesar de la crisis financiera y económica que atravesamos. Cifras similares podríamos proyectar a campañas filantrópicas similares. Sin duda se trata de proyectos animados por objetivos muy justos y que canalizan importantes recursos a sectores sociales carenciados. ¿Cómo oponerse a este tipo de iniciativas, que poseen fines tan nobles? Tal vez la opinión ciudadana sería otra si se divulgara más ampliamente que en Octubre de este año Teletón, Un Techo para Chile y América Solidaria lanzaron el proyecto "Compromiso Atacama", financiado por la polémica empresa minera Barrick Gold, que explota en Chile el yacimiento Pascua Lama y que ha sido acusada de graves crímenes en países tan disímiles como Argentina, Perú, Congo, Tanzania y Papúa Nueva Guinea.

 

La alta legitimidad social de la filantropía es el "valor agregado" que diversas Corporaciones Transnacionales han logrado identificar en los últimos años como un objetivo a capturar. Bajo el concepto "Responsabilidad Social Empresarial" (RSE) han desarrollado un nuevo campo de "herramientas estratégicas de marketing" orientadas a la contribución financiera voluntaria en áreas sociales y ambientales, pero con el objetivo explícito de mejorar la  situación competitiva y  el valor añadido de las compañías. La importancia de esta estrategia se evidencia en el activo involucramiento de actores claves de la derecha económica en este tipo de iniciativas. Aparecer como donante de Teletón sigue siendo un objetivo  de cualquier empresa que se precie y Un Techo para Chile y América solidara han tejido redes con bancos y actores empresariales de gran renombre. Baste señalar que el ex director de El Mercurio, Juan Pablo Illanes, es el actual presidente de América Solidaria.

 

Los beneficios que obtienen las empresas al desarrollar programas de Responsabilidad Social son variados. El más evidente es la reducción de impuestos, mecanismo que opera mediante leyes de donaciones que permiten a las empresas convertir recursos destinados a tributos en dinero para marketing y  lavado de imagen. Este punto es normalmente el más comentado, ya que permite mitigar las críticas o cuestionamientos con cargo a fondos que podrían haber ingresado al patrimonio público. Se pueden reseñar muchos casos, como las donaciones culturales de las empresas tabacaleras que buscan contrarrestar las críticas sobre los efectos cancerígenos de sus productos.

 

Otro beneficio es el debilitamiento de los compromisos basados en instancias tripartitas en los que se prevé la participación de los sectores empresariales, sindicales y gubernamentales. Los programas de RSE se basan simplemente en la libre decisión de las empresas, y por lo tanto, no se trata de compromisos jurídicos, que requieren el control y participación de los trabajadores o de la comunidad organizada. En otras palabras, es una dádiva empresarial y no la implementación de derechos exigibles y justiciables de parte de la ciudadanía.

 

Pero el beneficio más apreciado de la RSE es su capacidad de aportar a la gestión del riesgo o del conflicto social. Se trata de la estrategia más efectiva que han desarrollado las empresas para "gestionar" situaciones sociales y ambientales de alta conflictividad. Lo que se trata de alcanzar es aplacar la escalada del conflicto por medio de mecanismos sistémicos de contención social, que no alteran las relaciones sociales establecidas ni los procesos productivos de las empresas. El ejemplo de "Compromiso Atacama" es una muestra evidente de este tipo de procesos.

La iniciativa de Barrick, según informa la empresa, contribuirá a la construcción del centro de rehabilitación de Teletón en Copiapó, 700 familias de campamentos obtendrán viviendas definitivas por medio de Un techo para Chile, y América Solidaria aportará con jóvenes profesionales que colaborarán en el diseño e implementación de programas municipales para los sectores con menos recursos. Como se aprecia, es un plan cuidadosamente planificado, que incorpora componentes de salud, educación, vivienda, e intervención profesional en alianza con los municipios, en una zona de alta vulnerabilidad y ausencia de servicios públicos de calidad. Un diseño que busca cubrir a la mayor cantidad de gente posible, en alianza con instituciones filantrópicas que gozan de "buena prensa", lo que podría  anular o aislar las críticas sociales y ambientales al proyecto minero. Ya lo dijo hace más de cuatrocientos años Francisco de Quevedo: "Poderoso caballero es don dinero, pues al natural destierra y hace propio al forastero"

¿Qué hacer ante tan complejo escenario? La legislación chilena no impide que empresas altamente cuestionadas e involucradas en graves conflictos lancen iniciativas como esta. En cierta manera, hasta que no se implementen controles y redefiniciones de la RSE esta será una estrategia que las corporaciones empresariales utilizarán de un modo cada vez más  recurrente. Por otra parte, tampoco parece posible ni deseable impedir que las empresas puedan desarrollar iniciativas o proyectos sociales. Quienes siempre hemos llamado a  los empresarios a redistribuir la riqueza no podemos ahora aparecer impidiéndolo. Pero, es evidente que no toda acción filantrópica empresarial es ética y socialmente aceptable.

 

De esa forma, cabe a la ciudadanía apuntar a la legitimidad de las instituciones asistenciales que prestan su nombre y su experiencia para implementar este tipo de prácticas pro-empresariales. No se puede negar que construir hospitales infantiles, o desarrollar programas de vivienda social son objetivos loables y compartidos por todos. Pero si estos fines implican la desarticulación de las redes ciudadanas e impiden el resguardo de los derechos de la población, se transforman en proyectos repudiables que deben ser denunciados por su abierta complicidad con la grave destrucción social y ambiental que están colaborando a sostener.